lunes, 29 de agosto de 2016

El contenido del derecho a la ciudad

Javier Dávalos González


La ciudad de Quito será sede en el mes de octubre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III. En ella se adoptará la Nueva Agenda Urbana, que servirá para orientar la política pública local de los próximos veninte años. Esta conyuntura nos brinda una oportunidad extraordinaria para dinamizar la discusión académica, institucional y social sobre el derecho a la ciudad y su contenido.

Este derecho, que ha sido definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social, es la expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos en la ciudad, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilirbrio entre lo urbano y lo rural. Uno de los principales teóricos de este concepto, el inglés David Harvey, señala que el derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas, ya que todo el mundo debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho a la ciudad entonces no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto (Harvey, 2009).

La idea del derecho a la ciudad no es una propuesta nueva ya que este debate tiene su base en la toma de conciencia respecto de los efectos del crecimiento urbano en la vida y el ejercicio de los derechos de las personas. El término aparece en 1968 cuando Henri Lefebvre escribió un libro llamado El derecho a la ciudad que habla sobre el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países capitalistas, debido a la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio de la acumulación de capital.

El derecho a la ciudad fue reconocido en la Constitución ecuatoriana del 2008 en su artículo 31, que señala: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”

Como vemos, el derecho a la ciudad es multidimensional y se encuentra íntimamente vinculado a otros derechos constitucionales como los derechos a la vida digna, al ambiente sano, a la cultura, al hábitat y vivienda, a la salud, a la atención prioritaria, el derecho de participación, entre otros.

Si bien el contenido de este derecho no se encuentra claramente establecido en la Constitución, como si sucede en el caso de otros derechos, resulta sumamente importante empezar a denotar su contenido a la luz del debate mundial. El antecedente inmediato para el reconocimiento del derecho a la ciudad es la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad expedida en el año 2004. Según este documento, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. En la mencionada Carta se establecen varios principios relativos a este derecho, entre los que podemos resaltar los siguientes: el ejercicio pleno de la ciudadanía, la gestión democrática de la ciudad, la función social de la ciudad y de la propiedad y la protección especial a grupos y personas en situación vulnerable.

Un caso que nos sirve para ejemplicar la importancia de este derecho es el relativo a la llamada Solución Vial Guayasamín y el posible desalojo del barrio Bolaños, asentado desde tiempos inmemoriales en las laderas de la loma de Guanguiltagua. Este proyecto fue adoptado mediante un cuestionado contrato de alianza estratégica con la empresa china CRBC y contempla la construcción de dos puentes y ampliación de vías existentes, que requerirían la “liberación” de la zona del barrio Bolaños con el fin de implantar esta infraestructura en la quebrada donde se asienta el barrio. Estas graves afectaciones socio-ambientales son la muestra de cómo se puede atentar contra todos y cada uno de los aspectos del derecho a la ciudad cuando no se toman decisiones de política pública participativas, sostenibles y con enfoque de derechos.

Efectivamente, en este caso sobresalen la falta de información oportuna, la amenaza de un desalojo forzoso, la falta de participación de la ciudadanía y las posibles afectaciones al ecosistema, hechos que forman un coctel explosivo que redunda en la violación a los derechos constitucionales de acceso a la información (art. 18), derecho colectivo a la posesión de territorios ancestrales (art. 57), derecho al habitat y la vivienda segura (art. 30), derechos de participación (art. 61), derechos de la Naturaleza (art. 71) derechos de los consumidores (art. 52) y porsupuesto, del derecho a la ciudad (art.31).

Verónica Ninahualpa, representante del barrio Bolaños, en el marco de un foro realizado hace pocas semanas sobre el tema vivienda segura y desalojos forzosos expresó que hay un problema cuando “se manda un proyecto sin pensar en lo más elemental, el ser humano”. Evidenció la falta de información al recordar que “cuando nos enteramos del proyecto las máquinas ya estaban arriba”. Verónica cuestionó seriamente la postura de las autoridades por su falta de comprensión en lo relativo a su relación con el territorio: “Nos vinieron a decir que nos iban a dar una mejor vida. ¿Cómo pueden saber que es una mejor vida? Es cómo vives, cómo te desarrollas, una convivencia diaria con los que te rodean. La mejor vida la haces tú. Tú la decides como la quieres y como la haces (…) Es inhumano pensar que las personas pueden ser trasladadas como muebles”.

Tal vez ahí se encuentran las principales claves para empezar a darle contenido al derecho a la ciudad, es decir, al ejercicio de los derechos humanos en el tiempo y el espacio. Esta  tarea es importantísima, ya que tal como afirman José Antonio Marina y María de la Válgoma en La lucha por la dignidad: Teoría de la felicidad política: “La ciudad justa, la ciudad feliz, es la condición indispensable para la felicidad personal”.


Referencias  

Álvarez, Pocho (2016) Mi barrio Bolaños, toda una vida, video documental disponible en https://www.youtube.com/watch?v=VCWXt2F7NMs

Borja, Jordi, La Ciudad Conquistada (2003), Barcelona, Alianza Ed.

Mathivet, Charlotte, El derecho a la ciudad: claves para entender la propuesta de crear  “Otra ciudad posible“, disponible en http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html

Lefebvre, Henri, (1968) Le droit à la ville, Paris, Anthropos.


Harvey, David (2009), ponencia en el Foro Social Mundial, Belém, disponible en: www.hic-net.org/articles.php?pid=3107

Velásquez, Fabio (ed.), (2007) Conversaciones sobre el derecho a la ciudad, Bogotá, Gente Nueva Editorial.

martes, 21 de junio de 2016

Boceto de una teoría transicional del derecho

Diego Zambrano

Entre quienes reivindican el carácter científico del Derecho y quienes lo niegan, desde el escepticismo moral y el decisionismo político, existe una vía intermedia que considera al Derecho como una disciplina en transición desde su configuración pre-científica, instrumental y técnica, hacia su consolidación como saber riguroso.

La labor de cientificar la disciplina exige interrogar su fenomenología. A partir de su origen primero es posible conocer su esencia y explicar su existencia. Esta búsqueda exige identificar en el Derecho su objeto de estudio, sus métodos, su capacidad predictiva, su posibilidad de demostración empírica y de enseñanza, y la relación normativa y puntos de contacto con otros saberes. La propuesta a continuación es un hallazgo preliminar en un estudio en marcha. Planteo que reconocer en la violencia el factor originario de lo jurídico; y como tal, exige un entendimiento distinto del objeto y métodos tradicionales de investigación y abre una alternativa hacia la cientifización de la disciplina.

Para el positivismo, el  objeto de estudio del Derecho  es la norma a la cual  describe como un hecho que emana de una autoridad que ha agotado un procedimiento previsto en una norma anterior y superior (Hart, 2009). Al confundir a la norma (existencia ideal-lingüística) con hechos, el positivismo comete el error de encontrar una supuesta objetividad en los textos legislativos. Sin embargo, las normas pueden ser reformadas y sus prescripciones difieren entre los distintos ordenamientos, por lo que no puede sostenerse que el Derecho encuentra en la norma un objeto de estudio científico.

Para el naturalismo, en cambio, el objeto de estudio del Derecho se encuentra en los principios meta-éticos (Nino, 2012). Al igual que en el positivismo, estos valores carecen de un sustento conceptual aceptable por ser escogidos por quien tiene la posición social que le permite imponerlos -a nombre de revolución o tradición que es donde descansa la legitimidad de todo orden jurídico.

Una alternativa a estas dos posturas sugiere que el objeto de estudio del Derecho no son normas o principios contingentes sino el producto de la  violencia original (Schmitt, 2009). El Derecho nace de la violencia y su objeto de estudio es el conflicto producido por personas y grupos en su excluyente ambición por alcanzar una posición de poder que le permita imponer un orden a los demás. El origen del conflicto y del Derecho (Entelman, 1983) se condiciona por la conducta del otro, al que se pretende controlar.

Bajo esta perspectiva, el método de estudio del derecho se complejiza puesto que la conducta conflictiva y los valores que la atraviesan, obligan a entender lo jurídico desde un óptica relacional. En la relación  jurídica se construyen: un YO que actúa y se reconoce en  un TÚ (Lacan, 2002) que entra en disputa para alcanzar la posición de poder que pretende legitimar un sistema de valores y conductas; y eventualmente, un ÉL/ELLA que se radica en la opinión pública, que no es parte en la disputa sino destinatario de la norma y quien dirime en las urnas la lucha entre el YO y el TÚ, cuando se trata de una democracia.

La relación social se complejiza porque los actores también son colectivos. Existe un NOSOTROS (yo plural) que reivindica una cosmovisión que pretende imponer a un VOSOTROS (tú plural). Ambos sujetos colectivos entran en una lucha por imponer cada uno su posición e implementar un orden jurídico. Éste es un orden que transfiere la violencia original de un conflicto entre sujetos hacia las instituciones que adquieren legitimidad para estabilizar y mantener el modelo impuesto. La relación se complementa con la presencia de ELLOS, que son comunidades dotadas de su propia cultura y sistema de valores, que pueden contribuir a afianzar o a desalentar la pervivencia del modelo.

Bajo este esquema, la norma jurídica no actúa como objeto de estudio para el Derecho sino una hipótesis que la autoridad política formula como una posible solución o prevención del conflicto. El Derecho interviene a través de esta hipótesis con la esperanza de producir efectos deseables, generalmente funcionales al poder establecido. Como cualquier otra hipótesis, el proceso de formación de la norma permite predecir sus consecuencias sociales e identifica las variables para su verificación empírica.  Esto permite explicar la voluntad de poder (Nietzsche, 2011) que es esencial al ser humano y al Derecho como creación de aquel y permite explicar, mejor que otras teorías la fisonomía del modelo jurídico e institucional instaurado como una garantía de estabilidad o topía (Landauer, 2005) para mantener las dinámicas sociales que le son favorables al sector social que encontró las condiciones para imponerlo.


Referencias:

Entelman. R. (1983) Derecho y Conflicto, Buenos Aires: Abelardo Perrot.
Ferrajoli, L. (1999) Epistemología Jurídica y Garantismo, México: Fontamara.
Hart, H. (2009). El Concepto del Derecho, Buenos Aires: Abeledo Perrot.
Lacan, J. (2002) “El estudio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Escritos, Tomo I, Buenos Aires: Siglo XXII.
Landauer, G. (2005) La revolución, Buenos Aires: Libros de la Araucanía.
Nino, C. (2012) Ética y Derechos Humanos¸ Buenos Aires: Astrea.
Nietzcshe. F. (2011) La gaya ciencia, Buenos Aires: Edaf.
Schmitt, C. (2009) El Concepto de lo político, Madrid: Alianza, 7a ed.